Durante el primer foro de Avances del Proceso Electoral, La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, informó que la “Procuraduría va a estar vigilante para evitar que los recursos públicos destinados a programas sociales sean utilizados para actividades de carácter político”.  

La jefe del Ministerio Público pidió a la institucionalidad que se articule con el fin de lograr una protección de los recursos públicos, para que no sean utilizados de manera indebida en actividades proselitistas.  

En este espacio, en el que se dio a conocer el balance de la vigilancia y control a los procesos electorales en 2023, la Procuradora también anunció que se expidió la Directiva 007 con las recomendaciones respecto a la participación y controversias políticas y las prohibiciones en el proceso electoral.

Además, dio a conocer la Circular 003 con las directrices para la vigilancia del cumplimiento de las funciones públicas de regulación y aplicación de medidas policivas y sancionatorias confiadas a las administraciones municipales y distritales, en relación con la forma y sectorización para fijar la propaganda electoral exterior visual. 

La Procuradora recordó que por el bien de la democracia y del derecho a la participación, el ente de control mantiene la facultad constitucional de “indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso a los de elección popular”. Aseguró que la ciudadanía “no debe tener duda que la vamos a utilizar cuando a ello haya lugar”. 

Asimismo, le solicitó la ciudadanía para que sean veedores permanentes del proceso electoral e informen sobre situaciones puedan poner en riesgo el derecho al voto.  

Complejidad del proceso electoral 

 Como presidenta de la Comisión Nacional Electoral, la Procuradora aseveró que estas elecciones van a presentar un mayor grado de  complejidad, porque en estas participarán más de 120.000 candidatos que aspiran a los cargos de autoridades locales y departamentales, y a las corporaciones públicas locales, municipales, distritales y departamentales.  

 Además, resaltó que concurrirán en este proceso el sistema de listas abiertas o voto preferente con el de listas cerradas, “lo cual implica un gran reto tanto para la Organización Electoral como para el Estado colombiano”.

Explicó que la Procuraduría ha identificado un aumento importante en la inscripción de Grupos significativos de ciudadanos, comparado con las últimas elecciones locales de 2019. “A nivel nacional, se han inscrito 1.293”.  

Finalmente, concluyó que, conforme avance el calendario electoral, la Procuraduría continuará realizando el seguimiento preventivo y emitiendo directrices; por ejemplo, en contratación, restricciones de la Ley de Garantías, que inicia cuatro meses antes de la jornada electoral, y lo relacionado con los jurados de votación, los testigos electorales, la logística electoral, el desarrollo de la jornada electoral y los escrutinios.  

La Procuraduría, como máximo organismo de vigilancia dentro del proceso electoral, continuará convocando estos espacios de diálogo en diferentes regiones del país, con el fin de garantizar la transparencia y el derecho fundamental de participación, el ejercicio y control del poder político, así como del derecho a elegir y ser elegido. 

*Con información de la Procuraduría General del a Nación.